El pasado 13 de febrero fue aprobado el Real Decreto 56/2016 en el que se hace referencia a medidas dirigidas a la mejora de la eficiencia energética de una organización, a promocionar el ahorro energético y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de contribuir a los objetivos de la Unión Europea en materia de ahorro y eficiencia energética.
Este decreto establece el marco normativo que desarrolla e impulsa actuaciones que contribuyan a alcanzar dichos objetivos. SAMU, en su compromiso con la sostenibilidad y medioambiente, se ha anticipado al Real Decreto y en su última reunión de directores del pasado año se puso como objetivo el ahorro energético de sus instalaciones, para lo que se elaboró un manual de ahorro ener-
gético para Centros SAMU, en el que no se contempla incremento del gasto en medidas, que fue enviado a todos los directores de Centros, y además desde primero de año se ha comenzado una recopilación de datos para elaborar un sistema de gestión para el control de consumos. Un punto del documento del que SAMU se siente orgulloso lo encontramos en la disposición adicional
tercera que establece que las medidas incluidas en este Real Decreto no supondrán un incremento de gasto… “Las medidas incluidas en esta norma serán atendidas con las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio y no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal“.
Este nuevo escenario, en el que las organizaciones se están viendo en la necesidad de contar con profesionales formados en esta materia, ya fue previsto por SAMU, contando entre sus profesionales con un especialista formado en esta materia, que cumple con los requisitos para auditar requeridos por el Real Decreto, así mismo se dispone de seguro de responsabilidad
civil de 150.000 € en vigor, requerido legal y específicamente para el ejercicio de esta auditoría. El incumplimiento de este Real Decreto puede suponer sanciones de hasta 60 mil euros, y está sometido a un procedimiento de inspección por parte del Estado.